La ministra de Trabajo anuncia ante el Senado su intención de que los despidos de trabajadores que hayan denunciado previamente a sus empresas por corrupción o irregularidades sean declarados nulos. La modificación legal se incluiría en el anteproyecto de reforma del Estatuto de los Trabajadores (ET) y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS).
Qué ha anunciado
Durante su intervención en la Cámara Alta, Díaz señaló que el Gobierno prepara una reforma integral del despido en España con el objetivo de prohibir el despido de aquellos empleados que hayan denunciado a la empresa por corrupción o irregularidades laborales. Según el anuncio, los despidos derivados de este tipo de denuncias serían considerados nulos, no solo improcedentes.
El borrador de anteproyecto ya ha sido sometido a consulta pública y contempla que estas obligaciones se integren en el ET y la LRJS. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha solicitado además que la prohibición se extienda a cualquier denuncia formulada ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Cómo funcionaría la reforma
De aprobarse la medida, los elementos fundamentales serían los siguientes:
- Si un trabajador denuncia a su empresa por corrupción, infracción de sus derechos, horas no remuneradas o control horario, y posteriormente es despedido, el despido se declararía nulo.
- La empresa tendría que readmitir al empleado y abonar los salarios de tramitación desde el momento del despido hasta la reincorporación.
- Actualmente, la ley permite ya que despidos por represalias sean nulos, pero solo en el ámbito laboral concreto: la nueva norma ampliaría el supuesto a denuncias por corrupción o irregularidades generales de la empresa.
- Pymes y autónomos serían los más afectados, ya que se exige una mayor seguridad jurídica y habría mayor riesgo de impugnaciones.
Repercusiones para pymes y autónomos
Expertos en derecho laboral advierten de varios efectos potenciales:
- Inseguridad jurídica: La ampliación del concepto de despido nulo podría abrir la puerta a reclamaciones por despidos que las empresas no consideraban relacionados con denuncias.
- Efecto desincentivador en la contratación: Las empresas más pequeñas podrían temer asumir plantilla fija si el despido se complica y se vuelve caro.
- Pérdida de equilibrio entre derechos: Podría generarse una situación en que el contrato laboral quede condicionado a la realización o no de denuncias, lo que cambia la lógica de la relación empleador–empleado.
Contexto legal
La iniciativa se produce tras la aprobación de la Ley 2/2023 de Protección del Informante, que ya prohíbe el despido de informantes de irregularidades. Sin embargo, Díaz considera que la protección es insuficiente porque el texto actual no garantiza expresamente la nulidad del despido, sino solo la sanción de la empresa por vulnerar el derecho de indemnidad.
Declaraciones destacadas
En su intervención, Díaz afirmó:
«Vamos a hacer desde el Ministerio de Trabajo una reforma integral del despido para evitar lo que ha practicado el Partido Popular. Para evitar las represalias ante denuncias de corrupción».
Asimismo, se dirigió al PP desde el Senado:
«Espero contar con el voto del Partido Popular, usted que está tan preocupada por la corrupción».
Próximos pasos
El anteproyecto está en fase de consulta pública hasta el 30 de octubre de 2025, después deberá tramitarse en el Congreso de los Diputados. Es probable que durante su proceso parlamentario tanto la patronal como las asociaciones de pymes presenten alegaciones.
Conclusión
La propuesta de Yolanda Díaz introduce un cambio significativo en la normativa laboral española: blindar contra el despido a trabajadores que denuncien irregularidades en sus empresas. Queda por ver cómo responderán las pymes y cómo se articularán los mecanismos para evitar que la medida se convierta en una barrera para la contratación o una carga para los negocios más pequeños.
