Interior incumple la ley desde junio de 2024 y sigue sin contratar las mediciones obligatorias del gas radón
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, acumula más de un año de retraso en la puesta en marcha de medidas para controlar la exposición al gas radón en 710 cuarteles de la Guardia Civil. Este gas radiactivo, considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco, está presente en un 34% de las dependencias del Instituto Armado, muchas de ellas casas cuartel donde viven agentes y sus familias.
La obligación de realizar mediciones entró en vigor el 22 de junio de 2024, según el Real Decreto 1029/2022, pero el Ministerio sigue sin ejecutar el plan. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya denunció la situación en diciembre de 2024 ante la Inspección de Trabajo y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), alertando de que la Guardia Civil estaba eludiendo sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
Un año de promesas incumplidas
Pese a las advertencias, la situación sigue igual. Delegaciones de la AUGC en Córdoba, Murcia y Sevilla han presentado nuevas denuncias ante la Inspección de Trabajo. Interior continúa asegurando que hay un “proceso de licitación” en marcha para contratar a la empresa que realizará las mediciones, pero no existe expediente publicado en el portal oficial de contratación.
Según documentos internos, algunos cuarteles han reconocido que desconocen el estado de ese supuesto proceso. La propia Comandancia de Sevilla admitió el 31 de julio que la contratación sigue pendiente y que solo se habla de una “próxima licitación”.
Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la AUGC y vocal del Consejo de la Guardia Civil, denuncia que Interior lleva un año repitiendo la misma excusa y que, de hecho, “se inventó” la licitación para ocultar su inacción.
Un riesgo silencioso y mortal
El gas radón es invisible e inodoro, lo que lo convierte en un enemigo difícil de detectar. Su inhalación prolongada está directamente relacionada con el desarrollo de cáncer de pulmón. Según un estudio conjunto de la Universidad de Santiago de Compostela, el Ministerio de Sanidad y el CSN, en 2017 se atribuyeron 1.533 muertes a la exposición residencial a radón (838 tras ajustar por altura de vivienda).
La AUGC advierte que la situación es especialmente grave porque muchas dependencias de la Guardia Civil están en sótanos o plantas bajas, donde la concentración del gas suele ser más alta.
Mapa de la amenaza
Según Interior, las comunidades más afectadas son:
- Galicia: 196 cuarteles (109 casas cuartel)
- Extremadura: 162 cuarteles
- Andalucía: 112 cuarteles
- Castilla y León: 73 cuarteles
- Aragón: 56 cuarteles (47 casas cuartel)
- Castilla-La Mancha: 37 cuarteles
- Canarias: 36 cuarteles
- Otras regiones con menor número de instalaciones afectadas incluyen Cataluña, Asturias, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Cantabria, La Rioja y la propia Dirección General de la Guardia Civil.
Posibles infracciones y nulas medidas preventivas
La AUGC acusa a la Guardia Civil de no realizar las mediciones exigidas por ley, no informar a los trabajadores del riesgo, no tomar medidas preventivas básicas y no contemplar la especial vulnerabilidad de las trabajadoras embarazadas.
Además, recuerdan que aunque la licitación estuviera pendiente, es imprescindible informar a los jefes de unidad sobre cómo reducir riesgos inmediatos, como ventilar a diario las dependencias.
“Estamos ante una amenaza silenciosa, pero muy real. Cuando uno se da cuenta de los efectos del radón, puede ser demasiado tarde. La situación de desamparo de los guardias civiles y sus familias es total”, denuncia Nemiña.
Por ahora, Marlaska y la directora general Mercedes González Fernández guardan silencio sobre el estado real del contrato y no han respondido a la última petición oficial de la AUGC, enviada el 23 de julio.
