Si eres autónomo o pyme y sufres un ciberataque, el reloj empieza a correr. Las primeras 72 horas tras detectar una brecha son decisivas para evitar multas millonarias, pérdidas económicas y un daño irreversible a tu reputación.
Una respuesta lenta tras un ataque informático puede costarte caro. Te explicamos qué hacer paso a paso en las primeras 72 horas para evitar sanciones por incumplir el RGPD.
El enemigo invisible que no distingue tamaños
Los ciberataques a empresas y autónomos no paran de crecer en España. Microempresas, pequeños comercios o profesionales liberales están cada vez más expuestos a intentos de suplantación, secuestro de datos o robo de información sensible.
Una sola brecha puede poner en jaque todo el negocio. Y si no se actúa con rapidez y conforme a la ley, las consecuencias pueden ser letales: multas de hasta 20 millones de euros, responsabilidades civiles o incluso penales.
¿Qué es una brecha de seguridad?
A efectos del RGPD, no hace falta que sea un hackeo espectacular. Una brecha es cualquier violación de seguridad que provoque la pérdida, alteración o acceso no autorizado a datos personales, ya sea por error humano, negligencia o ataque externo.
Desde perder un portátil con datos de clientes hasta sufrir un acceso remoto no autorizado: todo cuenta. Y cada minuto es crucial.
Las 5 claves para actuar en las primeras 72 horas
1. Comunicar internamente el incidente
El primer paso es informar inmediatamente a quien sea responsable de datos dentro del negocio. Si no hay Delegado de Protección de Datos (DPO), debe designarse a una persona encargada de coordinar y documentar todo.
No hacer nada o dejarlo para después puede ser interpretado como negligencia grave.
2. Pedir asesoramiento legal especializado
Hay que consultar con un abogado experto en protección de datos para evaluar el impacto legal, saber si hay que notificar el ataque y cómo hacerlo correctamente.
La empresa debe elaborar un informe completo del incidente, medidas adoptadas y posibles consecuencias. Esta documentación será clave si la AEPD pide explicaciones.
3. Contener el ataque y preservar evidencias
Es vital aislar los sistemas afectados, cambiar contraseñas, bloquear accesos y guardar copias de seguridad.
No se deben borrar evidencias ni limpiar rastros, ya que pueden ser necesarias en un proceso judicial o sancionador.
Además, conviene realizar un análisis técnico forense que permita conocer cómo se produjo la intrusión.
4. Evaluar si hay que notificar a la AEPD y a los afectados
Si se han visto comprometidos datos personales y existe un riesgo elevado, se debe notificar a la AEPD antes de 72 horas.
También hay que comunicar el incidente a los clientes o afectados, explicando de forma clara qué ha ocurrido y qué medidas se han tomado.
No notificar o hacerlo fuera de plazo es una infracción grave que puede conllevar sanciones económicas muy elevadas.
5. Cooperar con autoridades y bancos
En casos de suplantación, fraude o estafa, conviene denunciar ante la Policía y alertar a bancos, proveedores u otros posibles perjudicados.
Una actitud proactiva y colaborativa reduce el daño reputacional y puede evitar responsabilidades mayores.
Los errores que más se pagan
Las sanciones no vienen solo por el ciberataque en sí, sino por gestionar mal el incidente. Entre los fallos más comunes están:
- Compartir contraseñas entre empleados.
- Usar dispositivos personales sin protección adecuada.
- No formar al personal en ciberseguridad.
- No documentar el incidente.
- Utilizar herramientas de IA o software sin control ni regulación interna.
La inacción también sanciona. No tener un protocolo mínimo puede ser motivo de multa o responsabilidad directa.
La ley exige prevención, no improvisación
El RGPD obliga a tener medidas técnicas y organizativas que garanticen la seguridad de los datos, desde backups automáticos hasta doble autenticación.
También se exige formar al equipo, disponer de un plan de respuesta y mantener un registro actualizado de incidentes.
No sirve decir “no sabía” o “soy pequeño”: la ley se aplica igual a autónomos, pymes o grandes empresas.
Las sanciones pueden arruinar un negocio
No reaccionar a tiempo puede traducirse en:
- Multas de hasta 10 o 20 millones de euros.
- Responsabilidad civil si hay terceros perjudicados.
- Delitos penales si se usó software ilegal con ánimo de lucro.
Y lo peor: perder la confianza de tus clientes.
