Un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Tax Foundation confirma que España es uno de los países de la Unión Europea donde más carga fiscal soportan las empresas por cotizaciones sociales, muy por encima de la media europea y con un modelo de financiación que castiga la creación de empleo.
Un sistema que exprime al tejido productivo
Del total de impuestos recaudados en España, el 25,8 % proviene de las cotizaciones empresariales. Esto significa que de cada 1 000 euros ingresados por Hacienda, 250 salen directamente de los seguros sociales que pagan las empresas por sus trabajadores y por ellas mismas.
En el ranking europeo, solo Estonia (32,6 %) y República Checa (27,9 %) nos superan. La media de la UE se queda en un 17,9 %, lo que coloca a España muy por encima y evidencia una presión fiscal desproporcionada sobre el empleo.
34 % más que la media europea
El informe revela que las empresas españolas pagan un 34 % más en cotizaciones que la media de la UE en relación con el PIB. En 2023, estas aportaciones supusieron un 9,4 % del PIB, frente al 7 % europeo. Si añadimos el Impuesto de Sociedades (2,9 %), la carga total sobre el PIB asciende al 12,3 %, cuando en la UE es del 10,2 %.
Para los expertos, esto refleja una estructura fiscal desequilibrada que se apoya en exceso en las empresas para sostener el sistema de protección social, en lugar de diversificar las fuentes de ingreso.
Competitividad y empleo en riesgo
Este modelo supone un coste directo para el mercado laboral, encareciendo la contratación y limitando la competitividad.
- En España, 48,8 % de la recaudación total proviene de impuestos y cotizaciones a la actividad empresarial.
- En la UE, el promedio es del 39,4 %.
Esto significa que España es el cuarto país que más depende de lo que pagan sus empresas para financiar el gasto público.
Otros modelos europeos
Mientras países como Eslovaquia (24,8 %), Francia (22,5 %) o Italia (20,3 %) también cargan sobre las empresas, otras economías optan por modelos más equilibrados: Alemania (17,4 %), Austria (16,4 %) o Países Bajos (13 %). En casos como Suecia (6,2 %) o Dinamarca (0,1 %), las cotizaciones empresariales prácticamente no existen, y el Estado se financia mediante otros impuestos.
Un aviso para el futuro económico
La conclusión del estudio es clara: la “alta dependencia” del Estado español respecto a las cotizaciones de autónomos, pymes y grandes empresas dificulta la creación de empleo, frena la competitividad y penaliza el crecimiento económico. Un modelo que, a diferencia de la retórica oficial, deja a España en una posición poco atractiva para invertir y generar puestos de trabajo.
