El Supremo brasileño impone arresto domiciliario a Jair Bolsonaro en plena ola de protestas masivas contra el régimen de Lula. Estados Unidos reacciona con aranceles del 50 % a Brasil y sanciones al juez Alexandre de Moraes. El proceso, plagado de irregularidades, apunta a silenciar al mayor líder de la oposición.
La izquierda brasileña acelera la persecución contra Bolsonaro
En un movimiento que huele a represión política, el Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil ha ordenado este lunes el arresto domiciliario del ex presidente Jair Bolsonaro. La medida, dictada por el polémico juez Alexandre de Moraes, se basa en supuestas violaciones a restricciones previas impuestas por el mismo tribunal en el marco del proceso por intento de “golpe de Estado” tras las elecciones de 2022, que Bolsonaro perdió ante el comunista Luiz Inácio Lula da Silva.
La acusación: haber participado en una manifestación multitudinaria en Copacabana, Río de Janeiro, y permitir que su discurso fuera difundido por redes sociales a través de terceros —algo que la izquierda judicial brasileña ha calificado como una violación de sus condiciones cautelares.
El Supremo sostiene que Bolsonaro ha “afrenta directa al Poder Judicial” y que su presencia en la protesta masiva representa un intento de socavar el proceso judicial. Lo que no dicen es que miles de brasileños salieron a las calles para exigir la renuncia del juez Moraes y el fin del régimen autoritario de Lula.
Washington toma partido: Trump impone castigo económico a Brasil
La reacción internacional no se hizo esperar. Donald Trump ha anunciado aranceles del 50 % a las importaciones brasileñas en protesta por lo que considera una “persecución judicial sin pruebas” contra su aliado Bolsonaro.
La administración Trump también ha activado la Ley Magnitsky para sancionar al juez Moraes por abuso de poder y violación de derechos fundamentales, según filtraciones del Departamento de Estado.
El propio Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, denunció en X (antes Twitter) que “es una prisión sin crimen, sin pruebas, sin juicio… un burdo abuso de poder”.
Masivas protestas en todo Brasil: ¿el principio del fin para Lula?
Más de 20 capitales brasileñas fueron escenario de marchas en apoyo a Bolsonaro este fin de semana. Las pancartas lo decían todo: “¡Fuera Lula!”, “¡Moraes dictador!”, “¡Amnistía ya!”. En São Paulo, Brasilia, Salvador o Porto Alegre, la calle ha hablado.
Y mientras tanto, la Fiscalía brasileña —controlada por el oficialismo— pide para Bolsonaro 40 años de cárcel e inhabilitación política permanente. Una condena que apesta a venganza y ajuste de cuentas, con el único objetivo de sacar del tablero al principal rival electoral del PT.
El modelo Lula: represión judicial, control mediático y destrucción del adversario
La ofensiva contra Bolsonaro confirma una tendencia alarmante: la judicialización de la política para aniquilar a la oposición conservadora en América Latina. El “modelo Lula” —copiado de Venezuela y ahora aplicado en Brasil— consiste en:
- Fabricar delitos políticos.
- Neutralizar jueces incómodos.
- Silenciar medios críticos.
- Reprimir protestas callejeras.
- Imponer condenas desproporcionadas.
Mientras tanto, los medios internacionales afines callan o incluso aplauden. Y en España, el Gobierno de Pedro Sánchez guarda silencio cómplice ante un atropello democrático en uno de los países más influyentes de la región.
¿Estamos ante un nuevo caso de “lawfare” de izquierdas?
La pregunta es inevitable: ¿qué clase de democracia condena al líder de la oposición por hablar en una manifestación? ¿Quién supervisa a jueces como Moraes, con poder casi absoluto y sin control parlamentario?
Lo de Brasil no es justicia, es una purga en nombre del progresismo. Y si Bolsonaro cae, ningún líder conservador en el mundo estará a salvo.
