El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado su intención de reformar la Constitución para incluir el aborto como un derecho, una medida que convertiría a España en el segundo país del mundo, después de Francia, en blindar este asunto a nivel constitucional.
Según fuentes de Moncloa, la propuesta busca “garantizar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas”, aunque no se trataría de un derecho fundamental, sino que se integraría en el Capítulo III de la Carta Magna, donde se recogen los principios rectores de la política social y económica.
El Gobierno necesitará los votos del PP… que ya los ha negado
El plan de reforma utilizaría el procedimiento ordinario de modificación constitucional, que exige una mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado. Esto implica necesariamente el apoyo del Partido Popular (PP), pero Génova ya ha anunciado un rechazo total.
“No vamos a ayudar al Gobierno en esta estrategia. El debate termina aquí”, zanjaron fuentes del PP, que acusan a Sánchez de reabrir debates ideológicos para “tapar su falta de gestión y la corrupción que salpica a su entorno”.
El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo considera que esta maniobra responde a una estrategia política más que a una necesidad social, y advierte de que no participará en reformas constitucionales de carácter ideológico.
Moncloa quiere blindar la ley del aborto y controlar la información
El Ejecutivo también planea modificar la ley del aborto para impedir que las mujeres reciban información “falsa o sin evidencia científica” antes de someterse a la intervención.
Esta cláusula se incorporaría para frenar iniciativas como la del Ayuntamiento de Madrid, que ofrece información sobre el síndrome postaborto, fenómeno que el Gobierno considera una “manipulación ideológica”.
La nueva ley exigiría que toda la información ofrecida a las mujeres esté avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Asociación Americana de Psiquiatría.
El PSOE y Sumar ya lo llevaban en su agenda
La propuesta no es nueva. Sumar ya planteó en febrero reformar el artículo 43 de la Constitución para blindar el aborto, coincidiendo con las polémicas internas del partido por las acusaciones de acoso contra Íñigo Errejón.
El PSOE, por su parte, aprobó la misma iniciativa en su último Congreso Federal celebrado en Sevilla, donde se comprometió a incluir el aborto en la Carta Magna como “derecho garantizado”.
“En un contexto global de ofensiva contra los derechos, España da un paso más para consagrar la libertad de las mujeres”, sostiene el comunicado oficial de Moncloa.
La Iglesia y expertos médicos recuerdan los efectos del postaborto
La iniciativa del Gobierno ha reabierto el debate sobre las secuelas psicológicas del aborto.
Diversos estudios publicados en la National Library of Medicine reconocen que, aunque la mayoría de las mujeres no presenta traumas crónicos, un 34 % sufre depresión postaborto, cifra que puede llegar al 43 % en determinadas regiones.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor García Magán, confirmó en rueda de prensa que ha conocido casos de trauma postaborto en mujeres que acudieron a la Iglesia en busca de apoyo:
“Puedo asegurar que esas experiencias existen. Conozco un caso cercano donde esa madre lo pasó muy mal”, declaró.
Un paso ideológico con escasas posibilidades de prosperar
La iniciativa de Sánchez y Yolanda Díaz, enmarcada dentro de la estrategia feminista del Ejecutivo, tiene escasas opciones de salir adelante sin los votos del PP.
Aun así, el Gobierno la presentará como una “batalla simbólica por los derechos de las mujeres”, consciente de su valor político en un contexto de desgaste electoral y crisis interna.
