La jueza del Principado insiste en investigar si el Gobierno del PP presionó a bancos andorranos para destapar las cuentas opacas del clan separatista catalán. Villarejo y Fuster Fabra, citados como testigos.
Nueva ofensiva judicial internacional reanima el relato independentista contra el PP: acusan a Rajoy y sus ministros de «coacciones» por buscar cuentas ocultas de Pujol, Mas y Junqueras
La justicia de Andorra ha decidido reactivar la causa penal contra Mariano Rajoy, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, por su presunta implicación en la llamada “Operación Cataluña”, una iniciativa política para desmantelar el aparato financiero del independentismo catalán.
Según revelan medios oficiales del Principado, la jueza especializada en instrucción penal ha emitido dos nuevas providencias en las que anuncia la ampliación de la comisión rogatoria enviada a España en 2022, hasta ahora bloqueada por la justicia madrileña.
¿El Estado en el banquillo por combatir la corrupción separatista?
Los hechos bajo investigación se centran en el presunto uso de presiones ilegales por parte del Gobierno del PP y agentes de la Policía Nacional sobre la Banca Privada d’Andorra (BPA), con el fin de acceder a información bancaria protegida de altos cargos del separatismo catalán y sus familias, como Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.
Según la querella inicial, esas acciones habrían incluido extorsiones, coacciones y chantajes, iniciadas en 2014, para obtener datos que permitieran desenmascarar las redes económicas del separatismo, tradicionalmente blindadas por estructuras bancarias internacionales.
España se opuso a la investigación por “fines políticos”
La Audiencia Provincial de Madrid, respaldada por la Fiscalía, rechazó en 2024 la ejecución de la rogatoria andorrana al considerar que la querella perseguía una clara finalidad política y carecía de una descripción precisa de los hechos y de las responsabilidades individuales.
Además, el tribunal español defendió que Andorra no tiene competencia para juzgar decisiones de Estado adoptadas por un Gobierno democrático extranjero en defensa de su unidad territorial.
Villarejo entra en escena
No obstante, lejos de archivar el caso, la jueza del Principado ha optado por complementar y detallar la rogatoria, e incluso ha citado como testigos para el próximo 4 de noviembre al excomisario José Manuel Villarejo, protagonista de numerosos escándalos de las cloacas del Estado, y al abogado penalista José María Fuster Fabra.
Su testimonio pretende arrojar luz sobre si existió o no un plan coordinado desde Moncloa para infiltrar a agentes en el sistema financiero andorrano y así obtener pruebas de los entramados ocultos del independentismo catalán.
¿Justicia internacional o nueva arma separatista?
La reapertura de este caso en Andorra plantea un escenario inquietante:
¿Se está usando la justicia internacional para vengar al separatismo catalán a costa del prestigio de un Estado soberano como España?
El intento de investigar a Rajoy y sus ministros por tratar de destapar las cuentas ocultas del nacionalismo catalán recuerda más a una causa politizada que a una investigación imparcial.
