La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado que la asesora de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, era una empleada pública eventual, nivel 26, adscrita directamente al Gabinete de la Presidencia del Gobierno desde julio de 2018. Una figura clave en la gestión de negocios privados vinculados a la Universidad Complutense y al entorno empresarial.
121 correos clave revelan la implicación directa
Según el informe, esta asesora —Cristina Álvarez— no realizaba labores de protocolo como sostiene la versión oficial, sino que ejercía funciones de gestión operativa y financiera para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirige Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Se analizaron 235 correos electrónicos, de los cuales 121 fueron considerados únicos y penalmente relevantes. En ellos se observa cómo Álvarez actuaba como intermediaria entre la UCM y diversas entidades privadas como Reale, Mercadona, Fundación ONCE, La Caixa o Cámaras de Comercio.
Un uso indebido de recursos públicos
La investigación apunta a una posible malversación de caudales públicos, ya que Álvarez, como empleada adscrita a Moncloa, no debía dedicarse a actividades privadas o universitarias ajenas a sus funciones oficiales. Sin embargo, el informe revela que incluso llegó a utilizar la cuenta de correo y la firma corporativa de Begoña Gómez para negociar patrocinios y gestionar iniciativas privadas.
Además, la UCO documenta cómo la relación entre Begoña Gómez y la Universidad Complutense se intensificó tras la creación de la cátedra en octubre de 2020, una etapa en la que Cristina Álvarez mantuvo una frecuente comunicación con altos cargos académicos, especialmente con Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales.
¿Confusión administrativa o red clientelar?
El caso pone en entredicho la gestión ética de los recursos humanos dentro del Gobierno de Pedro Sánchez. No se trata solo del uso de una empleada pública para intereses privados, sino de su adscripción directa al núcleo duro de Moncloa, lo que sugiere un posible encubrimiento institucional.
La pregunta que flota tras esta revelación es directa:
¿Estamos ante un simple error administrativo o frente a una red clientelar montada desde lo más alto del poder político?
