El expresidente colombiano enfrenta una pena de hasta ocho años de prisión por delitos relacionados con manipulación de testigos. Su defensa alega persecución política y anuncia apelación ante las máximas instancias judiciales.
Primer expresidente condenado en Colombia: fin de una era
Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia entre 2002 y 2010 y considerado el político más influyente del país en las últimas décadas, ha sido condenado por soborno y fraude procesal. Es el primer exmandatario colombiano condenado penalmente.
La decisión fue leída por la jueza Sandra Heredia, tras una audiencia maratónica de más de 10 horas en Bogotá. El fallo establece que Uribe incurrió en soborno en actuación penal en tres ocasiones y fraude procesal, por lo que enfrenta una pena de entre cuatro y ocho años de prisión.
Prisión domiciliaria, apelación y división nacional
La jueza Heredia consideró que Uribe es merecedor de prisión domiciliaria, aunque la Fiscalía pidió una condena más severa: nueve años de cárcel y multa de más de 300 000 euros. La lectura de la sentencia se fijó para el 1 de agosto.
La defensa, liderada por el abogado Jaime Granados, anunció que apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá y, de ser necesario, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia. Reivindican la presunción de inocencia y alegan un proceso “lleno de irregularidades”.
Un caso que Uribe activó contra sí mismo
El origen del caso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó al congresista izquierdista Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Pero el juez José Luis Barceló revirtió el proceso e investigó al propio Uribe por intentar comprar testimonios para desprestigiar a Cepeda y evitar ser vinculado con paramilitares.
La figura clave del entramado fue el abogado Diego Cadena, acusado de visitar cárceles para sobornar a exparamilitares y manipular sus declaraciones. La jueza afirmó que Uribe fue el instigador directo, calificándolo como “determinador” de una red delictiva diseñada para ocultar la verdad.
Reacciones: polarización y respeto institucional
El fallo ha generado reacciones divididas. El presidente Gustavo Petro llamó al respeto institucional: “Simpatizantes o no de Uribe deben respetar la Justicia. Lo demás es bestialidad. Colombia debe ser sabia”.
El partido Centro Democrático expresó su “tristeza” y ratificó su convicción sobre la inocencia de Uribe, mientras que figuras como Iván Duque y Andrés Pastrana defendieron su legado, aunque acataron la decisión judicial.
Desde EE.UU., el senador Marco Rubio y congresistas republicanos denunciaron la “politización de la Justicia”, calificando el proceso contra Uribe como una “persecución por defender su patria”.
Un veredicto con implicaciones continentales
La condena a Uribe ocurre en un momento de ascenso de gobiernos de izquierda en Latinoamérica y genera un precedente inédito en la región. Mientras unos celebran el triunfo del Estado de derecho, otros ven un juicio político disfrazado de proceso judicial.
¿Es esta la caída definitiva de un símbolo conservador o una alerta sobre el uso de la Justicia con fines ideológicos? El debate está abierto en Colombia y en toda Iberoamérica.
