Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Complutense, revela ante el juez y en sede parlamentaria que trataba más con la asesora personal de Begoña Gómez que con la propia mujer de Sánchez. El caso sigue complicándose.
Begoña Gómez comparece hoy por quinta vez ante el juez Peinado
Este sábado, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, comparece por quinta vez ante el juez Juan Carlos Peinado, en el marco de la investigación por presunta malversación relacionada con la contratación de su asesora Cristina Álvarez.
La comparecencia servirá para notificarle que, en caso de ir a juicio por ese delito, será juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos seleccionados, y no por jueces togados.
Gómez ya está siendo investigada por otros graves delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.
Doadrio destapa el papel clave de la asesora
El exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, ha sido contundente en su testimonio. Reveló que tenía mucha más relación con Cristina Álvarez que con la propia Begoña Gómez en el desarrollo de la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía esta última.
“Tenía más comunicación con Cristina Álvarez que con Begoña Gómez. Ella hablaba más con el rector y se reunía en su despacho”, declaró ante la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
Doadrio aseguró que al principio recibió correos de Gómez, pero que rápidamente fue instruido por Álvarez para dirigirle los mensajes directamente a ella porque, según alegó, “le costaba acceder al correo de Begoña”. Doadrio calcula haber intercambiado con Álvarez más de cien correos electrónicos.
Implicación directa en contratos, convenios y licitaciones
Cristina Álvarez, que oficialmente figuraba como asesora de Presidencia del Gobierno, actuó como secretaria personal de Gómez y se encargó directamente de gestionar convenios, enviar documentación y hasta coordinar licitaciones vinculadas a la cátedra universitaria.
“Me llamó a los pocos días de irme de la universidad para preguntarme qué pasaba con los convenios”, explicó Doadrio.
Incluso detalló que en una ocasión Gómez y Álvarez acudieron juntas a su despacho a preguntar cómo tramitar una licitación mayor, y que tuvo que derivarlas al vicegerente de la universidad.
Correos comprometedores y amistad previa
Entre los correos ya incorporados a la causa figura uno donde Álvarez escribe, en nombre de Gómez, a una representante de una empresa patrocinadora de la cátedra:
“Me dice Begoña que os traslade que le encantaría que sigáis como patronos, aunque sea con una cantidad inferior. Estamos dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis.”
El juez Peinado ha subrayado que la relación previa de amistad entre Gómez y Álvarez podría encajar en un posible delito de tráfico de influencias, al haber sido nombrada como asesora sin neutralidad administrativa.
Indicios sólidos y foco en Moncloa
El juez ha asegurado que existen indicios racionales y sólidos de comisión de delitos, y ha solicitado a Moncloa los correos corporativos de Gómez desde 2018, para ser analizados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
Se espera que esos mensajes confirmen el uso de medios públicos para intereses privados vinculados a la actividad empresarial y académica de la mujer del presidente.
Cristina Álvarez también comparece ante el juez
Además de Begoña Gómez, este sábado también declararán ante el juez:
- Cristina Álvarez, su asesora personal.
- Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid.
La comparecencia se produce seis meses después de que se abriera una pieza separada en la causa para investigar específicamente la contratación de Álvarez.
¿Un caso más de enchufismo o una red de corrupción institucional?
Lo que se vislumbra con estas declaraciones y documentos es que la línea entre lo público y lo privado quedó completamente difusa en el entorno de Begoña Gómez. La justicia deberá determinar si se utilizaron recursos públicos para actividades personales o empresariales, y si ese uso fue delictivo.
Pero la pregunta que empieza a calar entre muchos ciudadanos es simple:
¿Estamos ante un caso de enchufismo puntual o frente a una red clientelar montada desde la Moncloa?
