jueves, octubre 2, 2025
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Hacienda controlará los cobros por Bizum y tarjeta de los autónomos desde febrero de 2026

Los bancos informarán mensualmente a la Agencia Tributaria sobre los ingresos de autónomos por Bizum y TPV. Hacienda eliminará el umbral mínimo y controlará incluso los cobros más pequeños.

Nuevo golpe fiscal a autónomos y pequeños negocios

A partir del 1 de enero de 2026, los bancos y plataformas de pago estarán obligados a informar mensualmente a Hacienda sobre todos los cobros realizados por autónomos y empresas mediante Bizum y tarjetas bancarias (TPV). La primera remisión de datos se realizará en febrero de 2026 sobre las operaciones del mes anterior.

Esta medida deriva de la Orden Ministerial HAC/747/2025 y el Real Decreto 253/2025, que endurecen el control fiscal sobre los pequeños negocios, sin importar el importe de las operaciones.

Fin al anonimato digital: control sin umbrales

Hacienda deja atrás el umbral de 3 000 euros anuales: cualquier ingreso, por pequeño que sea, será comunicado. Los modelos aprobados establecen un control exhaustivo de las transacciones electrónicas:

  • Modelo 170 (mensual): identificará los cobros por TPV y Bizum, las cuentas bancarias receptoras y los terminales de venta.
  • Modelo 196 (mensual): notificará nuevas aperturas de cuenta y los saldos.
  • Modelo 174 (anual): incluirá los movimientos con tarjeta si superan los 25 000 euros al año.
  • Modelo 181 (anual): informará sobre créditos y préstamos vinculados a inmuebles.

Más vigilancia, menos libertad económica

Aunque la Agencia Tributaria afirma que los autónomos no deberán presentar estos modelos directamente, el efecto es claro: mayor fiscalización y menos margen para operar con flexibilidad. La Administración cruzará estos datos con las declaraciones de IVA, IRPF y deudas pendientes, buscando detectar incongruencias y presuntos fraudes.

¿Recaudación o persecución fiscal?

Este nuevo sistema acentúa la presión sobre autónomos, que ya enfrentan altos costes, burocracia asfixiante y nula seguridad jurídica. La digitalización del control fiscal avanza sin freno mientras el Gobierno no plantea alivios reales para el tejido productivo más vulnerable del país.

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