l Consejo General del Poder Judicial rompe el empate entre bloques y designa a Andrés Martínez Arrieta para dirigir la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sustitución de Manuel Marchena. La renuncia de Ana Ferrer desbloqueó una votación paralizada desde 2024.
El equilibrio entre bloques ideológicos en el CGPJ se decanta temporalmente tras la retirada de candidatas promovidas por el Gobierno. La elección refuerza a los perfiles más veteranos y ajenos a la agenda política de Moncloa.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado este martes a Andrés Martínez Arrieta como nuevo presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, uno de los cargos más relevantes del poder judicial en España, al ser la sala que juzga a los aforados nacionales.
El nombramiento se produjo tras la renuncia de la magistrada Ana Ferrer, impulsada por el bloque de vocales afines al Gobierno de Pedro Sánchez, lo que desbloqueó un empate que llevaba desde octubre de 2024 paralizando las decisiones internas del órgano de gobierno de los jueces.
Un voto clave: 15 a favor frente a 6 en contra
La votación se resolvió con 15 votos a favor de Martínez Arrieta y 6 en contra, en una jornada clave para el Poder Judicial. En paralelo, también fue designado Pablo Lucas como nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, con 16 apoyos y 5 votos contrarios.
Ambos magistrados cuentan con una trayectoria consolidada, experiencia técnica y eran las apuestas del bloque no oficialista del CGPJ. Su nombramiento marca una tregua institucional en un órgano cada vez más presionado por la parálisis, la ideologización y el enfrentamiento partidista.
Arrieta: el más veterano del Supremo
Martínez Arrieta, magistrado más antiguo de la Sala Segunda del Supremo, ha sido considerado como una opción de máximo consenso dentro del sector profesional de la justicia. Su elección se interpreta como el reconocimiento a una larga carrera judicial sin escándalos ni vinculación partidista, frente a las propuestas que pretendían marcar cuotas de género o afinidad política.
Ferrer y Teso, renuncias clave del bloque progre
El giro vino precedido por la retirada simultánea de Ana Ferrer y Pilar Teso, candidatas apoyadas por el sector progresista del CGPJ. Ambas alegaron “lealtad institucional” para justificar su renuncia. En la práctica, ese gesto permitió destrabar un empate persistente que mantenía en vilo al Alto Tribunal y que había impedido durante meses avanzar en una treintena de nombramientos pendientes.
Desde la izquierda se interpreta la elección como un gesto de “cesión” para desbloquear el órgano, mientras que el sector conservador espera ahora una reciprocidad en los próximos nombramientos de magistrados y presidentes de sala.
Pablo Lucas: control del CNI y perfil institucional
Por su parte, Pablo Lucas, nuevo presidente de la Sala Tercera, cuenta con un perfil igualmente sólido. Ha estado 15 años al frente del control judicial del CNI y figuró entre los candidatos a presidir tanto el CGPJ como el Tribunal Supremo. Su elección quedó bloqueada inicialmente por exigencias ideológicas que reclamaban una presidencia femenina en clave de paridad.
Lucas se jubilará el próximo año, por lo que su presidencia será corta, pero clave para reordenar las decisiones judiciales en el ámbito contencioso-administrativo, una de las áreas más sensibles por su relación con la actuación del Gobierno.
