La muerte de un trabajador inmigrante y la militarización del sur de California reabren el debate sobre el impacto real de la política migratoria de Donald Trump.
Miedo, muerte y militarización: la nueva realidad de los campos de California
El pasado mes de julio, una redada masiva de agentes federales en dos granjas de cannabis legal en el sur de California dejó un saldo trágico: Jaime Alanis, trabajador inmigrante, murió tras caer desde un invernadero mientras intentaba huir. Se fracturó el cráneo y el cuello; falleció horas después en el hospital.
Simultáneamente, los agentes de inmigración lanzaban gases lacrimógenos contra unas 500 personas que se habían congregado para impedir las detenciones. El caos aumentó cuando algunos manifestantes lanzaron piedras y uno de ellos disparó contra los federales, según el FBI.
El incidente forma parte de una estrategia nacional de la administración Trump para reforzar la «tolerancia cero» contra la inmigración irregular. Sin embargo, la repercusión económica y social empieza a ser devastadora.
Agricultura paralizada y fuga de trabajadores
California ya ha perdido más del 3 % de su fuerza laboral en sectores clave como agricultura, construcción y hostelería, provocando alarmas en la cadena de suministro alimentaria. Muchos trabajadores han dejado de acudir a sus puestos por miedo a las redadas.
Los campos están quedando sin manos que recojan la cosecha, y algunos productores han reportado pérdidas multimillonarias al no poder completar las tareas básicas de recolección. Los empleadores denuncian que el Gobierno está destruyendo su principal recurso productivo.
Una economía que depende de los inmigrantes
La economía de California depende en gran medida de la población inmigrante, que contribuye más del 5 % del PIB estatal y genera miles de millones en impuestos. El vacío que dejan las redadas no se puede llenar rápidamente, ni con trabajadores locales ni con automatización.
Pese a ello, la Casa Blanca mantiene su discurso: «Estados Unidos debe ser un país de leyes». Pero cada operación punitiva genera consecuencias colaterales que van desde el éxodo laboral hasta el colapso de producción en sectores estratégicos.
Enfrentamiento institucional y clamor social
Gobiernos locales como el de California ya han solicitado el retiro de la Guardia Nacional desplegada por Trump. La tensión entre el Ejecutivo federal y las autoridades estatales crece mientras las calles se llenan de protestas.
Los habitantes de las comunidades rurales aseguran que viven bajo un clima de «terror institucional», en el que cada visita de agentes federales desata estampidas, detenciones arbitrarias y daño irreparable al tejido social.
¿Estados Unidos más fuerte o más fracturado?
Las redadas migratorias de Trump pretenden proyectar fuerza, pero están debilitando pilares esenciales de la economía estadounidense. Si el precio de aplicar la ley es paralizar la producción, destruir familias y quebrar la estabilidad local, cabe preguntarse si este es el camino hacia un país más seguro o hacia una división profunda y autoinfligida.
