Desde 2024, todas las prácticas formativas, remuneradas o no, deben cotizar a la Seguridad Social. Empresas, pymes y autónomos están obligados a dar de alta a los alumnos y asumir el coste de las cuotas.
Cambios normativos desde 2024
La Seguridad Social ha recordado a empresas y centros formativos la normativa que entró en vigor el 1 de enero de 2024, que establece la obligación de cotizar por todos los becarios que realicen prácticas, independientemente de que sean remuneradas o no.
Con esta reforma, los estudiantes universitarios y de formación profesional que participan en prácticas externas quedan incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que implica que sus periodos formativos generen derechos en materia de protección social.
¿Quién paga las cuotas?
La empresa, pyme, autónomo o centro educativo que acoja al estudiante es quien debe:
- Dar de alta al becario en la Seguridad Social.
- Solicitar el Número de la Seguridad Social (NUSS) si el alumno no lo tiene.
- Abonar la cuota correspondiente, incluso cuando se trate de prácticas no remuneradas.
Para el año 2025, se aplica una bonificación del 95 % en las contingencias comunes, lo que reduce de manera considerable el coste de las empresas y permite que la medida no suponga una carga excesiva.
Datos de impacto
Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre enero de 2024 y junio de 2025 se han dado de alta más de 1,5 millones de jóvenes en prácticas bajo este sistema.
El objetivo es que los alumnos en formación tengan derechos básicos de protección social, aunque con limitaciones:
- Prácticas remuneradas: no incluyen protección por desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional ni aportación al Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
- Prácticas no remuneradas: además, se excluye la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
Empresas y costes laborales
Los cambios han supuesto un incremento en los costes laborales, que según datos oficiales han subido alrededor de un 15 % en tres años para los autónomos con empleados. Sin embargo, la bonificación aplicada a las cotizaciones de los becarios busca equilibrar el esfuerzo económico.
La reforma supone un paso importante en la protección social de los estudiantes en prácticas, al reconocer sus derechos dentro del sistema de la Seguridad Social. A partir de ahora, las empresas y centros formativos son responsables de garantizar el alta y el abono de las cuotas, tanto en prácticas remuneradas como no remuneradas.
