Moncloa presiona a los separatistas para aprobar una norma que entregaría el poder de las instrucciones judiciales a la Fiscalía y blindaría al PSOE en los casos de corrupción. Junts exige cambios radicales en el sistema judicial.
La Ley Bolaños: el blindaje judicial del PSOE
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene prisa por sacar adelante la Ley Bolaños, una reforma que trasladaría las instrucciones judiciales a la Fiscalía —dirigida por Álvaro García Ortiz, señalado por su cercanía al PSOE— y que, de aprobarse, aliviaría la situación judicial de Begoña Gómez, Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y otros dirigentes socialistas implicados en casos de corrupción.
La ley, diseñada por Félix Bolaños, incluye además la creación de nuevas vías de acceso a la judicatura con menores exigencias formativas y más capacidad de control político. Una reforma que la Asociación Independiente de Fiscales ya ha calificado como “demencial”.
Junts, el socio incómodo que frena a Sánchez
Pero Moncloa se ha topado con un obstáculo inesperado: Junts. La formación separatista ha registrado 31 enmiendas y amenaza con tumbar la reforma, acusando al PSOE de intentar manipular la Justicia para blindarse de sus propios escándalos.
Las exigencias de Junts son radicales:
- Derogar el artículo 384 bis que suspende a cargos públicos procesados por terrorismo o rebelión.
- Eliminar la Audiencia Nacional y transferir sus competencias a los Tribunales Superiores autonómicos.
- Crear un Consejo de Justicia de Cataluña, un “CGPJ catalán” ya rechazado por el Constitucional.
- Rechazar los artículos 306 y 313 de la Ley Bolaños, que abren el acceso directo a jueces afines al poder político.
Incluso exigen modificar el sistema de jueces sustitutos, con oposiciones “no eliminatorias” y concursos de méritos que facilitarían colocar perfiles próximos a los independentistas.
La orden de Sánchez: “Agradar a Junts como sea”
Según fuentes parlamentarias, la directriz desde Moncloa es clara: “hay que contentar a Junts como sea” para sacar adelante la Ley Bolaños. El PSOE es consciente de que sin el apoyo de los separatistas la reforma se hunde, y con ella la estrategia de frenar a los jueces que investigan la corrupción socialista.
Junts, sin embargo, mantiene su desconfianza: teme que esta reforma, diseñada para blindar al PSOE, pueda ser usada en el futuro por un Gobierno de derechas con influencia de Vox para someter al poder judicial.
Una justicia a la carta
El plan de Sánchez y Bolaños ha encendido las alarmas en jueces y fiscales, que advierten de que esta reforma supondría una politización sin precedentes del sistema judicial español.
De aprobarse, sería el golpe definitivo a la separación de poderes, dejando a la Justicia bajo control del Ejecutivo y abriendo la puerta a la impunidad de los casos de corrupción que ahogan al PSOE.
¿Estamos ante una reforma judicial… o ante la construcción de un escudo legal para el sanchismo?
